Una situación extraña se vivió el día de ayer en la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso Nacional, cuando se despachó a segundo trámite constitucional la reforma que extiende a dos días las elecciones municipales y regionales.
Si bien por amplia mayoría (84 votos a favor) los diputados aprobaron la idea de establecer en dos días los comicios de octubre -con el fin de evitar un colapso en las sedes de votación ante el flujo masivo de electores-, una enmienda propuesta por Leiva y Soto, legisladores oficialistas terminó por acribillar indirectamente el corazón del proyecto.
Ellos propusieron eliminar la multa de $32 mil a $200 mil que proponía la iniciativa a quienes no votasen en la elección
Inesperadamente, la idea de rechazar comenzó ganar fuerza en la sala y, al final, la multa fue borrada a pesar de que esta sanción ya había sido aprobada por el Senado, reponiendo por secretaría el voto voluntario.
Aunque la postura de mantener la sanción pecuniaria contó con 74 votos a favor (en su gran mayoría legisladores de oposición y de grupos como la DC y Demócratas), por tratarse de una norma de quórum especial (ley orgánica), se requería un mínimo de 78 respaldos en la sala.
En este punto, el oficialismo en bloque votó en contra, a contrapelo de lo que propugnaba el gobierno. Al final se registraron 54 rechazos y 7 abstenciones.
Anteriormente el propio Servicio Electoral había señalado que “era fundamental” establecer una multa, al menos en términos hipotéticos, con el fin de ayudar a la ejecución del voto obligatorio. En caso contrario, regirá un sistema de “voto obligatorio sin sanción”, que en términos prácticos no es muy distinto al sufragio voluntario.
El problema es que el voto sin ningún tipo de castigo monetario (ni siquiera la amenaza de una multa) no provocará la masiva concurrencia a las urnas que se esperaba. Por lo tanto, se debilita toda la justificación para impulsar una reforma para realizar en dos días las próximas elecciones.
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