La controversia por el funcionamiento de los buses eléctricos municipales de El Monte suma un nuevo antecedente que pone en entredicho la gestión del municipio: según los antecedentes difundidos, el equipo jurídico de la Municipalidad no habría concurrido a la audiencia de alegatos ante la Corte Suprema, instancia en la que debía defender su posición respecto de la continuidad del servicio.

La situación fue cuestionada públicamente bajo el argumento de que el municipio no habría ejercido adecuadamente su defensa judicial. La causa ante el máximo tribunal corresponde al Rol N.º 42.483-2026, cuyos antecedentes permiten revisar la tramitación del proceso y las actuaciones de las partes.

Este hecho abre interrogantes sobre la estrategia jurídica adoptada por la administración municipal y las gestiones realizadas para defender un servicio de transporte gratuito que beneficiaba a distintos sectores de la comunidad. También surge la pregunta de por qué los representantes legales del municipio no habrían participado en una instancia tan relevante para el futuro del programa.

¿Qué resolvió la Corte Suprema?

El fallo establece que los buses deben ajustar su funcionamiento al propósito para el cual fueron autorizados: el traslado de estudiantes y organizaciones comunitarias. Esto no significa que los vehículos deban dejar de operar, sino que su utilización debe respetar las condiciones y autorizaciones correspondientes.

En ese marco, los servicios destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y grupos específicos podrían continuar desarrollándose, siempre que se ajusten a la normativa aplicable.

Un servicio gratuito que tiene costos

Otro de los aspectos que forman parte de la controversia es el financiamiento del transporte municipal. Aunque para los pasajeros el servicio no tenga costo, su funcionamiento implica gastos de adquisición de vehículos, mantención, conductores, seguros e infraestructura.

La discusión apunta al uso de recursos públicos en una actividad que también es desarrollada por operadores privados, particularmente conductores de colectivos que han invertido en sus propios vehículos y prestan servicios a los habitantes de la comuna.

Cuestionamientos a la gestión municipal

Más allá del contenido del fallo, las críticas también apuntan a la planificación y coordinación del municipio. Entre los aspectos cuestionados se encuentran la falta de una estrategia judicial efectiva, la ausencia de ajustes en los recorridos y la falta de coordinación con los servicios de transporte existentes.

En ese escenario, los operadores de colectivos no deberían ser considerados responsables del conflicto, ya que también son vecinos que desarrollan una actividad económica y entregan un servicio a la comunidad.

¿Una situación que afecta a otras comunas?

La resolución tampoco implica una prohibición general para que otros municipios cuenten con sistemas de transporte gratuito. Las restricciones se relacionan con el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones que regulan cada servicio.

La necesidad de una solución

Entre las alternativas planteadas está la convocatoria a una mesa de trabajo que reúna al municipio, servicios públicos, operadores de transporte y representantes de la comunidad, con el objetivo de coordinar recorridos, evitar duplicidades y garantizar un sistema eficiente.

Sin embargo, antes de avanzar en una solución, queda una pregunta que la administración municipal debería responder: ¿por qué el equipo jurídico no habría asistido a defender los intereses del municipio ante la Corte Suprema?

Los vecinos de El Monte tienen derecho a contar con un transporte público de calidad, pero también a conocer cómo se administran los recursos municipales y qué gestiones realizan sus autoridades para defender los servicios destinados a la comunidad.