El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra de la Municipalidad de El Monte y de su alcaldesa Zandra Maulén, por una serie de presuntas irregularidades en la realización de la Cuenta Pública 2025 correspondiente a la gestión municipal 2024.
Según los antecedentes presentados al órgano contralor, la cuenta pública —que consta de un informe de 270 páginas— fue expuesta en menos de cinco minutos durante una sesión extraordinaria del concejo municipal realizada el 30 de abril de 2025 mediante videollamada. En dicha instancia, el director de SECPLAN se limitó a leer los títulos de algunos capítulos del documento, sin detallar el contenido ni explicar la gestión municipal del año.
De acuerdo con la denuncia, este procedimiento no cumpliría con lo exigido por el artículo 67 de la Ley N° 18.695, que establece que el alcalde debe dar cuenta pública de su gestión anual ante el Concejo Municipal, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y el Consejo Comunal de Seguridad Pública, además de invitar a autoridades locales, regionales y a los parlamentarios del distrito.
En este caso, además, se detectaron inconsistencias en el listado de autoridades que supuestamente fueron invitadas. Si bien el municipio aseguró haber enviado invitaciones por correo electrónico a diversos parlamentarios, una revisión técnica realizada por la Dirección de Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados determinó que dichos correos nunca fueron enviados a la casilla institucional del diputado denunciante.
Asimismo, se constató que en la sesión no participaron representantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) ni del Consejo Comunal de Seguridad Pública, instancias que deben ser convocadas según la normativa vigente.
El diputado Irarrázaval señaló que lo ocurrido constituye una vulneración a las normas de transparencia y probidad que deben regir la administración pública. “La ley es clara: el alcalde debe rendir cuenta pública de su gestión ante el concejo, las organizaciones sociales y las autoridades del territorio. Aquí lo que vimos fue una cuenta pública reducida a la lectura de títulos de un documento de 270 páginas en menos de cinco minutos. Eso no es rendición de cuentas, es simplemente intentar cumplir el trámite”, afirmó.
Además, el parlamentario agregó que posteriormente el municipio realizó un evento distinto en junio para presentar la cuenta pública ante vecinos y autoridades, lo que —a su juicio— evidenciaría que la obligación legal no fue cumplida correctamente dentro del plazo establecido por la ley. “Las cuentas públicas no son actos protocolares ni eventos comunicacionales. Son una obligación legal destinada a transparentar la gestión municipal ante la comunidad. Cuando esa obligación se reemplaza por una formalidad vacía, se debilita la confianza en las instituciones”, sostuvo.
Finalmente, el diputado solicitó que la Contraloría investigue los hechos y determine las responsabilidades administrativas que correspondan, incluyendo eventuales sanciones por incumplimiento de la normativa que regula el funcionamiento de las municipalidades.
