Francisco Garrido y Daniela Díaz pusieron reparos a la adjudicación por $439,8 millones a Ciudades Inteligentes S.A. Los ediles cuestionaron la exclusión de una oferta más económica, las exigencias establecidas en las bases y los antecedentes contractuales de la empresa seleccionada. Ambos aclararon que sus observaciones no representan un rechazo al proyecto de seguridad.
Una serie de cuestionamientos surgieron en el Concejo Municipal de Padre Hurtado durante la revisión de la propuesta de adjudicación de la licitación para adquirir e implementar alarmas comunitarias en distintos sectores de la comuna, proyecto financiado con recursos del Gobierno Regional y cuyo presupuesto alcanza cerca de $449 millones.
Los concejales Francisco Garrido y Daniela Díaz manifestaron sus reparos a la propuesta de adjudicar el contrato a Ciudades Inteligentes S.A. por un monto de $439.844.400, apuntando a diferencias económicas entre los oferentes, requisitos establecidos en las bases y antecedentes relacionados con el cumplimiento de contratos anteriores por parte de la empresa.
Uno de los principales elementos que llamó la atención fue la diferencia entre las dos ofertas económicas: mientras Ciudades Inteligentes S.A. presentó una propuesta por $439.844.400, IMPOTEC ofertó $402.784.128, es decir, $37.060.272 menos.
Sin embargo, esta última empresa fue declarada inadmisible por no cumplir determinados antecedentes y requisitos contemplados en las bases de licitación. Una situación que abrió el debate respecto de la proporcionalidad de las exigencias y las condiciones en que se desarrolló el proceso.
Garrido cuestiona la adjudicación y la diferencia entre las ofertas
El concejal Francisco Garrido sostuvo que sus observaciones responden a la responsabilidad fiscalizadora que corresponde al Concejo Municipal, especialmente cuando se trata de una contratación que compromete cientos de millones de pesos.
“Quiero ser muy claro: nosotros estamos absolutamente a favor de fortalecer la seguridad de Padre Hurtado y de que nuestros vecinos cuenten con alarmas comunitarias. Lo que estamos cuestionando es esta licitación en particular, la empresa que se propone adjudicar y los antecedentes que rodean este proceso”, señaló.
El edil también puso énfasis en la diferencia superior a $37 millones entre las propuestas económicas, planteando la necesidad de revisar si las condiciones de la licitación permitieron una competencia efectiva y si la municipalidad está optando por la alternativa más conveniente.
“Cuando existe una diferencia superior a $37 millones entre dos ofertas, es legítimo preguntarse si la municipalidad obtuvo realmente la alternativa más conveniente. No basta con decir que una empresa cumplió y otra no. También tenemos la responsabilidad de revisar cómo se construyeron las bases, si las exigencias fueron proporcionales y si se resguardó la igualdad de condiciones para todos los participantes”, afirmó.
Daniela Díaz advierte sobre observaciones reiteradas a procesos de SECPLA
Por su parte, la concejala Daniela Díaz amplió sus cuestionamientos al funcionamiento de los procesos de licitación impulsados por la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), asegurando que las dudas planteadas en esta oportunidad no serían un hecho aislado.
La edil recordó que anteriormente ha realizado observaciones a otros procesos presentados ante el Concejo Municipal y mencionó una licitación que debió ser retirada de la tabla antes de su votación, debido a las inconsistencias advertidas durante su revisión.
“Esto no es un hecho aislado. No es la primera vez que hacemos observaciones a procesos que vienen desde SECPLA. En cada licitación que revisamos estamos planteando dudas, solicitando antecedentes y advirtiendo situaciones que deben aclararse”, manifestó.
Díaz también cuestionó algunas exigencias técnicas incorporadas en las bases, particularmente aquellas relacionadas con registros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y certificaciones ISO.
A juicio de la concejala, estos requisitos deben contar con una justificación técnica y guardar proporcionalidad con el objeto de la contratación, evitando que se conviertan en barreras que limiten la participación de proveedores.
“Si los requisitos son excesivos o no están debidamente justificados, podemos terminar desincentivando la participación de otras empresas. Y eso es grave, porque las bases deben promover la competencia, no transformarse en una barrera para quienes podrían ofrecer una alternativa conveniente para el municipio”, sostuvo.
Una multa de 800 UTM entre los antecedentes mencionados
Otro de los elementos puestos sobre la mesa corresponde a los antecedentes contractuales de Ciudades Inteligentes S.A.
En particular, los concejales hicieron referencia a un procedimiento de la Municipalidad de Providencia, donde mediante el Decreto Exento N.º 708, del 30 de abril de 2026, se rechazó un recurso de reposición y se mantuvo una multa de 800 UTM, asociada a 160 días de atraso en un contrato relacionado con la ampliación de cobertura de televigilancia.
La sanción, cuyo valor supera los $57 millones, fue aplicada a una Unión Temporal de Proveedores integrada por Ciudades Inteligentes S.A. e Ingesmart SpA. Por lo tanto, se trata de un antecedente contractual que debe analizarse considerando la participación de ambas empresas en dicho contrato.
Para los concejales, este tipo de antecedentes debe formar parte de la evaluación al momento de analizar una contratación pública de esta magnitud, particularmente cuando se trata de un proyecto de seguridad que debe entregar resultados concretos a la comunidad.
La discusión apunta, por tanto, no solo al valor de la oferta seleccionada, sino también a las garantías de cumplimiento que puede ofrecer el proveedor y a la necesidad de revisar integralmente sus antecedentes contractuales.
El foco en la transparencia y la competencia
Los cuestionamientos también fueron vinculados con los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación arbitraria contemplados en la Ley N.º 19.886 de Compras Públicas y su reglamento, establecido mediante el Decreto Supremo N.º 661 de 2024.
Desde esta perspectiva, los concejales plantearon que las bases deben contener requisitos objetivos, proporcionales y técnicamente justificados, de manera que los procesos de contratación aseguren condiciones de competencia y un uso responsable de los recursos públicos.
“Lo que estamos pidiendo es transparencia, competencia y responsabilidad. Los vecinos merecen saber que cada peso de los recursos públicos se está utilizando de la mejor manera posible. Nuestro deber como concejales no es aprobar todo sin observaciones; nuestro deber es fiscalizar y levantar las alertas cuando existen antecedentes que requieren una explicación”, señalaron.
La seguridad no está en discusión
Tanto Garrido como Díaz insistieron en que sus reparos no deben interpretarse como una oposición a la implementación de alarmas comunitarias en Padre Hurtado. Por el contrario, recalcaron que esperan que el proyecto se concrete y beneficie a los vecinos, pero bajo un proceso de contratación que entregue garantías administrativas, técnicas y económicas.
“Nosotros no estamos rechazando las alarmas comunitarias ni estamos en contra de invertir en seguridad. Todo lo contrario, queremos que este proyecto se concrete y beneficie a las familias. Lo que no podemos hacer es dejar de lado nuestras responsabilidades de fiscalización frente a una licitación que presenta cuestionamientos. La seguridad es demasiado importante como para no hacer las cosas bien”, fue parte de los argumentos planteados.
La controversia deja sobre la mesa una discusión relevante para la administración comunal: cómo asegurar que una inversión cercana a los $449 millones se traduzca en un proyecto bien ejecutado, con proveedores que entreguen garantías de cumplimiento y un procedimiento de adjudicación que resguarde la transparencia y la competencia.
Por ahora, los cuestionamientos de los concejales ponen el foco en los criterios utilizados para evaluar las ofertas y en los antecedentes que respaldan la propuesta de adjudicación.
