Los concejales republicanos cuestionaron que recursos provenientes del Fondo de Equidad Territorial (FET), asociado al royalty minero, sean destinados a cubrir obligaciones previsionales y plantearon la necesidad de establecer responsabilidades por la situación financiera de la educación municipal.
Durante la sesión extraordinaria N°27, realizada este viernes 21 de agosto, el Concejo Municipal abordó una subvención extraordinaria por $195.396.308, destinada a financiar el pago de la deuda previsional que mantiene el sistema de educación municipal con profesores y asistentes de la educación.
La propuesta fue rechazada por los concejales republicanos Marcela Jofré y Patricio Brown, quienes cuestionaron el origen y destino de los recursos, señalando que estos provienen del Fondo de Equidad Territorial (FET), financiado en el marco del royalty minero.
Según argumentaron ambos concejales, si bien legalmente estos fondos podrían ser utilizados para cubrir la deuda, su destinación implicaría reducir recursos disponibles para proyectos, inversiones y otras necesidades de la comuna.
Entre las áreas que, a su juicio podrían verse afectadas se encuentran salud, adquisición de ambulancias, contratación de especialistas y otras inversiones necesarias para la comunidad.
Cuestionamientos a la gestión administrativa
Jofré y Brown también plantearon que aprobar la subvención significaría, en su opinión, continuar destinando recursos municipales a resolver las consecuencias de decisiones administrativas anteriores, sin abordar de manera suficiente las responsabilidades que originaron la situación.
Los concejales hicieron referencia al caso del robo o fraude de aproximadamente $408 millones, situación que generó un importante impacto financiero en la Corporación de Educación.
En este contexto, cuestionaron la situación del ex secretario general de Educación, Francisco Pacheco, quien continúa desempeñándose como docente y percibiendo remuneraciones, pese a los cuestionamientos formulados respecto de su gestión y a la rendición de cuentas relacionada con estos hechos.
También apuntaron al ex jefe de Finanzas, Marcos Piña, a quien atribuyen responsabilidad en la entrega de claves bancarias a quien habría sido presentado como ejecutivo de una institución financiera, hecho que posteriormente habría derivado en el fraude.
Asimismo, solicitaron esclarecer las responsabilidades correspondientes al ex secretario general de la Corporación de Educación, Carlos Pincheira, considerando que parte de las deudas existentes se arrastrarían desde administraciones anteriores.
Debate por la fiscalización
Los concejales también cuestionaron que durante años no se hayan realizado fiscalizaciones con la profundidad que, a su juicio, requiere la situación financiera de la educación municipal.
En ese punto, destacaron las solicitudes que han realizado para acceder a auditorías, informes y antecedentes administrativos, con el objetivo de determinar cómo se generaron las actuales obligaciones y establecer eventuales responsabilidades.
Jofré y Brown recordaron, además, que tres actuales concejales ejercieron funciones como autoridades durante el período anterior, mientras que el actual alcalde también integró el Concejo Municipal durante 12 años, por lo que plantearon la necesidad de revisar las decisiones y mecanismos de fiscalización aplicados durante administraciones anteriores.
El rechazo de la subvención abrió así un nuevo debate respecto del uso de los recursos provenientes del royalty minero, la situación financiera de la educación municipal y la necesidad de determinar responsabilidades administrativas antes de continuar destinando recursos extraordinarios para cubrir obligaciones acumuladas.
