La concejal de Talagante, Marcela Jofré, cuestionó la decisión del municipio de extender por segunda vez, mediante trato directo, el contrato para la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, luego que el proceso de licitación no pudiera concluir debido a observaciones formuladas por la Contraloría General de la República.
El servicio de disposición final corresponde a la etapa en que los residuos recolectados son trasladados hasta un relleno sanitario para su tratamiento. El contrato vigente vencía el 23 de diciembre de 2025, por lo que la Municipalidad inició una nueva licitación en septiembre de ese año.
Sin embargo, el proceso debió ser revocado luego que las bases fueran publicadas sin haber pasado previamente por el trámite de toma de razón de la Contraloría, requisito establecido en el Decreto N.º 316 del Ministerio del Interior, vigente desde abril de 2023.
Durante la sesión del Concejo Municipal, la concejal republicana Marcela Jofré informó que presentó los antecedentes ante la Contraloría y solicitó un informe completo sobre la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), además de solicitar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.
En conversación con este medio, la edil fue crítica con la actuación del municipio.
“La Municipalidad hizo todo a destiempo, omitiendo decretos de muchísima importancia. Además, en enero de 2025 ya habíamos aprobado una extensión. No puede ser que los profesionales a cargo de estos procesos no conozcan los procedimientos de forma adecuada”, señaló.
En diciembre de 2025, la Contraloría emitió un dictamen en respuesta a una consulta realizada por empresas del rubro, reiterando que la obligación de obtener toma de razón no solo alcanza al servicio de recolección, sino también al transporte y a la disposición final de los residuos, tal como lo establece el reglamento vigente desde 2023.
A raíz de ello, el municipio dejó sin efecto la licitación iniciada en septiembre e ingresó posteriormente las bases al organismo contralor para obtener la correspondiente aprobación.
Como el contrato estaba próximo a expirar y el proceso aún no concluía, el Concejo Municipal aprobó inicialmente un trato directo por seis meses con la misma empresa para asegurar la continuidad del servicio.
No obstante, en la última sesión del Concejo se aprobó una nueva extensión del contrato, debido a que la Contraloría todavía no ha otorgado la toma de razón de las bases.
Según se informó durante la sesión, el proceso ha debido corregir diversas observaciones formuladas por el organismo fiscalizador, tanto de carácter formal como de fondo, situación que incluso motivó una reunión entre representantes de la Contraloría y funcionarios municipales para explicar los cambios requeridos.
Durante el debate, desde la Secpla se sostuvo que la obligación de someter las bases del servicio de disposición final al trámite de toma de razón quedó claramente establecida recién con el dictamen emitido por la Contraloría en octubre de 2025.
Sin embargo, esa interpretación fue rechazada por la concejal Jofré, quien sostuvo que el dictamen no creó una nueva exigencia, sino que solo aclaró una obligación que ya estaba vigente desde la publicación del Decreto N.º 316 en abril de 2023.
A juicio de la concejal, considerando los tiempos habituales de revisión de la Contraloría, las bases debieron haber sido ingresadas durante los primeros meses de 2025 para obtener su aprobación antes de iniciar la licitación, evitando así la revocación del proceso y la necesidad de recurrir nuevamente a tratos directos para asegurar un servicio esencial para la comuna.
