Columna de Opinión de Juan Irarrázaval, Diputado Republicano
Desde hace 16 meses miles de familias chilenas están viviendo un serio problema. Están siendo víctimas del remate de sus bienes por parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
¿La razón? Deudas por más de $40 mil millones por multas que les fueron aplicadas por contravenir las normas durante la época de la emergencia de la pandemia del Covid-19.
En efecto, de acuerdo a lo informado por la Tesorería General de la República, se trata de más de 60 mil chilenos que hoy ven un negro futuro ante sanciones que, según denuncias, no fueron notificadas de manera válida.
En el detalle, se detectó que durante el año pasado el Estado despachó mandamientos de ejecución y embargo por concepto de deudas relacionadas con multas Covid-19 a 57.864 personas, de las cuales 52.728 corresponden a personas naturales y 5.136 a entidades jurídicas, todas ellas por un monto total de $29.856.412.085.
Mientras que, entre enero y abril de este año, el organismo público reveló que el número de demandas asciende a 5.700, de las cuales 4.607 corresponden a personas naturales y 1.093 a personas jurídicas, por un total de $13.525.220.095.
Pero a nuestro juicio, la existencia de denuncias que no fueron notificadas de manera válida, le quita todo piso legal a los anuncios de embargo, pues no hay claridad sobre esos procesos, así como tampoco del cobro y legalidad de estas presuntas deudas. Tampoco, respecto de estos más de sesenta mil sumarios sanitarios que dice el Gobierno que tramitó.
Ciertamente, es una medida totalmente desproporcionada después de todos estos años y es una muestra de que esta administración no tiene límites a la hora de meterse en el bolsillo de las familias, con el único fin de tratar de ordenar el desastre financiero que tienen, cuyo origen no es otro que su propia mediocridad profesional, clientelismo y fanatismo ideológico.
Es que están desesperados por hacer caja y no solo por su ineptitud. Nosotros citaremos a la ministra de Salud, Ximena Aguilera y al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, para que den explicaciones a la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Se debe frenar ahora mismo este abuso, que en los últimos 16 meses ha afectado a un número significativo de personas en todo el país. Qué lamentable que Mario Marcel, otra vez, esté tratando de sacar plata donde no puede.
Juan Irarrázaval
Diputado de la República (Partido Republicano)
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