Un conflicto que va escalando poco a poco es el que tienen un conjunto de concejales de Talagante con el Alcalde de dicha comuna, Carlos Álvarez.
Todo se origina en el fallo del Segundo Juzgado de Letras de Talagante, que obligara a la Municipalidad a indemnizar a la empresa IMACO Ltda, con un monto nominal superior a los 310 millones de pesos.
Este fallo es consecuencia de una demanda interpuesta contra la Municipalidad, quien adjudicó el año 2019 a dicha empresa un proyecto que buscaba el mejoramiento del Parque Municipal Tegualda, pero que en la ejecución solicitó otras obras mayores que no eran parte del proyecto.
La empresa “Ingeniería, Maquinarias y Construcción LTDA, IMACO” accedió a estos requerimientos, pero con el compromiso de que sería la Municipalidad la que cancelaría las obras que no eran parte del proyecto original. Ese pago jamás llegó.
A raíz de lo sucedido IMACO Limitada inició una acción judicial caratulada como: “Demanda de cumplimiento forzoso de contrato con indemnización de perjuicios” el requerimiento fue acogido por dicho tribunal y cuya sentencia obliga a la autoridad local al pago de una cantidad nominal, más los gastos por reajustes y los valores incurridos por la empresa durante el juicio. Para que la Municipalidad pueda realizar este pago, tiene que aprobarse una modificación por $310.094.270 pesos.
Pero un grupo importantes de Concejales, no se presentó al último Concejo, evitando que se realizara la votación por falta de cuórum.
Pero ¿Por qué esta actitud de los Concejales? Según ellos porque han solicitado en diferentes instancias que la Alcaldía comience un Sumario Administrativo para conocer los verdaderos responsables del pago que tiene que hacer la Municipalidad, sin embargo, el Alcalde Carlos Álvarez, se ha negado reiteradamente
La Concejal (RN) Purísima Macaya afirma que “ Nosotros como concejales estamos obligados a aprobar esta modificación para pagar la sentencia, pero no asistimos al Concejo en señal de protesta, ya que cuando el Alcalde informó la situación en el pasado concejo ordinario 73º, le solicité en mis puntos varios, buscar responsabilidades y además en reuniones de trabajo interno con el Alcalde, junto a los concejales, Llorente, Rosas y Bravo le solicitamos un sumario administrativo, para determinar a los responsables del porqué nos demandaron, ya que hemos podido observar que hubo modificaciones mayores en la obra que no estaban autorizadas por el Gobierno Regional, eso aumentó los costos y la empresa nos demandó, ganando en los tribunales”.
“Además en segundo lugar, consideramos que la municipalidad no se defendió como debía. La contestación de la demanda fue débil y no presentó pruebas en el término probatorio. Cuando vino el fallo de primera instancia no apeló y eso hoy nos costará 310 millones de pesos en un proceso judicial que fácilmente se pudo haber siquiera dilatado”.
Junto con Purísima Macaya, los concejales que no se presentaron al último Concejo, fueron Andrés Llorente, Sebastián Rosas y Ricardo Bravo.
En el Concejo que no se pudo realizar, Carlos Álvarez se mostró sorprendido por la actitud de los Concejales, lo cierto es que La Municipalidad tiene que pagar sí o sí este monto, pero el grueso del Concejo, como ente fiscalizador tiene el derecho y la obligación de conocer los verdaderos responsables de una importante suma de dinero por parte del municipio.
Es así como este próximo jueves 28 de septiembre se citó a un nuevo concejo donde se abordará este importante punto.
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